La denominación descentralización supone la necesidad de dividir la concentración de poder en una sociedad o un país debido a diversos motivos.
Entre dichos motivos, se encuentran algunos como su tamaño, la cantidad de actividades económicas, recursos con los que cuente, o incluso un bajo nivel de intervencionismo estatal.
En otras palabras, significa que la concentración de autoridad o capacidad de decisión económica es menor. Al mismo tiempo, quiere decir que la responsabilidad es repartida entre los distintos ejecutores de políticas económicas.
Conceptualmente se trata de lo opuesto al fenómeno de la centralización, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico.
La descentralización a nivel microeconómico
Suele establecerse que la aparición de la descentralización en cuanto a las sociedades mercantiles responde a la necesidad de repartir la autoridad y la toma de decisiones corporativas entre diversos puntos jerárquicos.
Esto sucede en la mayoría de casos en empresas de gran tamaño, o que abarcan distintos y diferentes mercados simultáneamente e incluso con vida multinacional. De este modo es más fácil controlar su funcionamiento y la creación de beneficio. Ya que, de este modo, se conocen las necesidades específicas de cada rama de la organización.
La descentralización puede venir de la mano de la especialización del trabajo. Aunque, incluso, puede favorecerla atendiendo a las necesidades específicas de los diferentes puntos de su organigrama. Esto sucede al existir distintas áreas administrativas (legal, fiscal, laboral…) y diferentes tomadores de decisión más enfocados en cada materia.
La descentralización a nivel macroeconómico
El reparto de poder, factores de producción, infraestructuras o recursos económicos en países descentralizados supone la existencia de un mapa de reparto de administraciones regionales o territoriales que se encargan de ejercer la autoridad en ámbito político y económico.
Así, se reduce el peso del estado central en el día a día de la sociedad, al existir una autoridad más enfocada a lo autonómico o incluso a los resultados del libre mercado. Esto supone un mayor ámbito de libertad en materia de mayor volatilidad de niveles de precios, menos restricciones genéricas y más atención a las necesidades específicas de cada región.
